Marta Renedo acusa a Ana Rosa Migoya y a José Carlos Madera ex-director de Política Llinguística

Álvarez Areces también acudirá a la Comisión parlamentaria que investiga el casu de corrupción en la Administración Autonómica asturiana.

Oviedo, L. Á. VEGA Al menos una acusación popular solicitará al juez que investiga el «caso Marea» que identifique a los superiores de Marta Renedo que le ordenaron contratar a varias personas a través de empresas interpuestas, aunque en realidad trabajaban para la Administración regional. El abogado Alberto Suárez, que defiende los intereses de Bloque por Asturias, indicó que, una vez que se sepa qué personas ordenaron esos contratos, pedirá que sean llamadas a declarar en calidad de imputados, con el fin de que puedan defenderse con todas las garantías.

Cuando se produjeron las siete contrataciones detectadas, en 2006 y 2007, Marta Renedo era jefa del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos en la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y sus superiores jerárquicos eran el director general de Promoción Cultural y Política Lingüística, José Carlos Madera González (hoy en el Observatorio de Salud del Principado) y la ex consejera de Cultura Ana Rosa Migoya, ahora apartada de la política.

Anteayer, miércoles, en el Juzgado número 1 de Avilés, Marta Renedo reconoció ante el juez que se habían producido esas contrataciones a través de empresas interpuestas, y que éstas le habían sido ordenadas por sus superiores. Entre las personas contratadas se encuentra la hermana del jefe de prensa de Ana Rosa Migoya, según reconoció Renedo, dispuesta, en su cuarta comparecencia ante un juez desde que estalló el escándalo, a empezar a tirar de la manta.

Las siete personas contratadas desarrollaron trabajos en la Biblioteca Central, el Museo Barjola de Gijón y el Archivo Histórico, a las órdenes de los responsables de estos centros. Sin embargo, las nóminas fueron pagadas, según consta en la documentación recopilada por el juez Ángel Sorando, titular del Juzgado, por una de las empresas del empresario M. F. F., uno de los imputados del caso.

Según este empresario, cinco contratos con el Principado que le reportaron un total de 128.000 euros, y que no se realizaron, fueron en realidad para compensarlo por la contratación de estas personas. Marta Renedo aseguró anteayer, miércoles, que esta práctica era muy habitual. Con ello se cubrían bajas de una forma más rápida que si hubiese que emprender un trámite de contratación. Esta práctica se justificaba por la falta de presupuesto para las contrataciones.

Otra cosa son los 220.000 euros que la empresa de M. F. F. cobró del Principado y que terminaron en manos de Marta Renedo, a través de supuestos trabajos subcontratados a la empresa Implans Mounts. La principal imputada del caso indicó anteayer en los Juzgados de Avilés que esos trabajos se habían realizado. M. F. F. declaró en su día que esa cantidad había sido cobrada para la realización de un proyecto para el Principado por parte de su empresa, aunque finalmente se había suspendido. El empresario aseguró que devolvió esa cantidad a través de la empresa de Renedo creyendo que en realidad se lo reintegraba a la Administración regional. Luego señalaría ante el juez que había sido engañado por la funcionaria avilesina.