El edificio del Niemeyer, construído como un cascarón de plástico colocado sobre un solar que oculta de momento en el subsuelo un enorme aparcamiento de las vistas del público, fue construido por la empresa pública Sedes, a la que se adjudicó la obra en 25,9 millones de euros, aportados íntegramente por los ciudadanos de los presupuestos generales del Principado de Asturias. Una vez inaugurado, el pasado 1 de abril, el centro inició su actividad, e inmediatamente se inició una frenética maquinación para convertirse en una fundación privada que obtuviese la cesión del edificio, antes de las últimas elecciones autonómicas, cosa que no logró, aunque sí se transformó en fundación privada una vez celebradas éstas.
¿Para qué necesita la fundación Niemeyer la cesión del centro? Nada impide que esa fundación organice allí sus actividades, si éstas se organizan con respeto a los procedimientos lógicos en la gestión de los fondos públicos, siempre que disponga de estos fondos. La cesión del edificio nada tiene que ver con la organización de los espectáculos. Los artistas cobran dinero, y no preguntan de quién es el edificio en el que desarrollan sus habilidades. Estamos ante otro asunto, nada baladí, que se oculta con las eternas artes de trilería del incomparable Areces, en este caso hablando de “kultura” de talonario.
La operación inmobiliaria que allí se inició con la creación de la sociedad Isla de la Innovación el 10 de diciembre del año 2008, comenzó mucho antes de que estos hechos de los que hablamos tuviesen lugar, con la participación del Principado de Asturias, la sociedad estatal Infoinvest, el Ayuntamiento de Avilés y la Autoridad Portuaria avilesina como socios, con la pretensión de gestionar y desarrollar el Plan General de Ordenación conocido como “Nueva Centralidad”. El propio Natalio Grueso obtuvo algún llamativo contrato para hacer propaganda de la operación, financiada por el Ayuntamiento de Avilés.
Los gestores de este proyecto acordaron que la construcción del Niemeyer sería el primer paso del “master plan” del futuro desarrollo urbanístico, que tendría un importante reflejo en la construcción detodo un nuevo barrio dotado con miles de viviendas en un área de 575.000 metros. Entre los acuerdos que se adoptaron en el año 2008, se decidió que los impulsores de la iniciativa participarían en una sociedad que ejecutaría urbanísticamente el ámbito a desarrollar, mediante aportaciones económicas y en especie. Salta a la vista que si el Principado puso en esa operación su aportación para el Niemeyer, con el gran aparcamiento que oculta bajo su superficie, si esas instalaciones se ceden a una fundación privada, los derechos de la administración pública, habrían sido transferidos a una entidad privada.
No se trata de privatizar una programación cultural, sino de privatizar una operación inmobiliaria financiada con fondos públicos, para dejarla en manos de quien fue apartado de su control en unas elecciones, que pretende mantenerlo después.
Esta operación recuerda muchísimo el modelo seguido en Oviedo con el Calatrava, donde el Ayuntamiento de Oviedo puso los terrenos públicos -el antiguo estadio Carlos Tartiere-, el Principado el dinero público con la adquisición de oficinas a través de Sedes, y los privados se quedaron con la cesión del patrimonio público durante cincuenta años. Todo ello a dedo. El entonces gerente de Sedes, Santiago Caicoya, que compró las oficinas del Calatrava, fue nombrado después gerente de la Isla de la Innovación, mientras Sedes construyó el Niemeyer.
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