Más de 3000 personas, la mayoría políticos y empresarios españoles, tienen según datos oficiales hechos públicos en estos días, más de 8000 millones de euros en cuentas suízas, origen probablemente de beneficios no declarados, dinero negro, sobornos, cohechos y otras formas delictivas a las que habría que sumar la de evasión de capitales y fraude a la Hacienda pública, todos ellos castigados con penas de cárcel. El escándalo saltó estos días yá que el gobierno español está negociando con esta lista de evasores un retorno "pacífico y silencioso" de dichos capitales a España para que tributen conforme a la Ley, a cambio de una supuesta amnistía penal. Los comentarios sobre este nuevo escándalo se centran precisamente de que este trato de favor se podría deber a que en esa lista de 3000 defraudadores habría importantes personalidades políticas y económicas del actual régimen o sistema político español.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que el trato dado a los presuntos defraudadores de miles de millones de euros a la Hacienda Española, a través de cuentas opacas en Suiza, "es escandaloso, injusto y por los antecedentes de los que se dispone, probablemente ineficaz".
La Agencia Tributaria ha enviado al menos 3.000 requerimientos a otros tantos titulares de cuentas opacas al paraiso financiero, cuyas fortunas rondarían entre 8.000 y 10.000 millones de euros.
Los inspectores denuncian que la Agencia Tributaria, en vez de inspeccionar los presuntos delitos, "ha requerido a estos contribuyentes para que presenten declaraciones complementarias, y con ello eviten su responsabilidad penal, e incluso las sanciones administrativas, sustituyéndose todo ello por un recargo que no excede del 20% de las cuantías presuntamente defraudadas".
"Estas actuaciones suponen un escandaloso privilegio", añade el comunicado de los inspectores, quienes destacan que "a los demás contribuyentes no se les dan oportunidades adicionales de regularización, y se les impone el sistema sancionador administrativo o penal, con todo el peso de la Ley".
Los inspectores de Hacienda denuncian también la contradicción de que el Gobierno defienda el trato fiscal a las SICAV con el argumento del riesgo de deslocalización de capitales y al mismo tiempo no se sea "duro e implacable" con aquellos que han sacado sus fortunas del país ilegalmente.
Además, destacan que si se tienen indicios racionales de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, "los hechos se deben poner en conocimiento de la Autoridad Judicial. Ésta es la obligación que impone el ordenamiento vigente a todos los funcionarios públicos".
Ineficacia
El comunicado de los inspectores destaca que esta actuación es similar a los requerimientos que se hizo con un listado de cuentas opacas en Liechtenstein, "cuyo resultado, más de dos años después, no ha podido ser más desalentador: regularizó voluntariamente un 20% de los contribuyentes".
"Los que no han regularizado no han pagado los impuestos, supuestamente defraudados, ni se les ha impuesto ningún tipo de medida cautelar, ni personal, ni prisión, ni patrimonial, ni ningún otro tipo de embargo", agrega. Con este precedente es más que probable que, si se repite este modo de actuación, "el porcentaje de regularizaciones voluntarias será todavía menor, y el escándalo para la opinión pública aún mayor".
La Agencia Tributaria ha enviado al menos 3.000 requerimientos a otros tantos titulares de cuentas opacas al paraiso financiero, cuyas fortunas rondarían entre 8.000 y 10.000 millones de euros.
Los inspectores denuncian que la Agencia Tributaria, en vez de inspeccionar los presuntos delitos, "ha requerido a estos contribuyentes para que presenten declaraciones complementarias, y con ello eviten su responsabilidad penal, e incluso las sanciones administrativas, sustituyéndose todo ello por un recargo que no excede del 20% de las cuantías presuntamente defraudadas".
"Estas actuaciones suponen un escandaloso privilegio", añade el comunicado de los inspectores, quienes destacan que "a los demás contribuyentes no se les dan oportunidades adicionales de regularización, y se les impone el sistema sancionador administrativo o penal, con todo el peso de la Ley".
Los inspectores de Hacienda denuncian también la contradicción de que el Gobierno defienda el trato fiscal a las SICAV con el argumento del riesgo de deslocalización de capitales y al mismo tiempo no se sea "duro e implacable" con aquellos que han sacado sus fortunas del país ilegalmente.
Además, destacan que si se tienen indicios racionales de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, "los hechos se deben poner en conocimiento de la Autoridad Judicial. Ésta es la obligación que impone el ordenamiento vigente a todos los funcionarios públicos".
Ineficacia
El comunicado de los inspectores destaca que esta actuación es similar a los requerimientos que se hizo con un listado de cuentas opacas en Liechtenstein, "cuyo resultado, más de dos años después, no ha podido ser más desalentador: regularizó voluntariamente un 20% de los contribuyentes".
"Los que no han regularizado no han pagado los impuestos, supuestamente defraudados, ni se les ha impuesto ningún tipo de medida cautelar, ni personal, ni prisión, ni patrimonial, ni ningún otro tipo de embargo", agrega. Con este precedente es más que probable que, si se repite este modo de actuación, "el porcentaje de regularizaciones voluntarias será todavía menor, y el escándalo para la opinión pública aún mayor".
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